Durante la sesión ordinaria de este jueves, el Senado contempla en uno de sus puntos del orden del día el proyecto de ley “Que suspende en forma temporal la habilitación de nuevas carreras de grado de Medicina, por un plazo de cinco años, en todo el territorio nacional”.

La propuesta legislativa había sido presentada por los senadores Enrique Riera, Ramón Retamozo, Blanca Ovelar, Hermelinda Alvarenga y Esperanza Martínez y tiene por objeto, tal y como dice el título, ordenar la suspensión para que se habiliten nuevas carreras de Medicina en universidades privadas.

Este pedido fue presentado teniendo en cuenta el contexto actual en el que pululan las ofertas académicas de Medicina en el sector privado, aunque sin que aparentemente se cumplan con los requerimientos necesarios para ello por falencias en el nivel de formación.

Los proyectistas recuerdan que el Ministerio de Salud había presentado una nota al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) alertando sobre la necesidad de no autorizar la habilitación de estas carreras debido a la sobreoferta local (con un total de 43 facultades de Medicina a nivel país), lo cual va de la mano con la falta de lugares suficientes para las prácticas de estudiantes y el déficit en la práctica profesional.

A esto hay que sumarle que tan solo 15 de las 43 carreras de Medicina vigentes a nivel país cuentan con acreditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), quedando el resto pendiente de cumplir con este trámite legal. Esta situación ya fue alertada en su momento inclusive por el Círculo Paraguayo de Médicos, que tomó una postura similar a la del Ministerio de Salud ante la preocupación por el nivel de formación académica de los estudiantes.

El proyecto de ley cuenta con dictamen de aprobación con modificaciones por parte de las comisiones de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes, además de la de Salud Pública y Seguridad Social.

En primer lugar, fue aprobado el proyecto que pide informe al INFONA, en relación a las medidas adoptadas dentro del marco de la Ley N° 4241/2010 “De restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos dentro del territorio nacional”.

En ese sentido, solicita identificar las áreas naturales que bordean a los cauces hídricos en las cuales se llevan a cabo las intervenciones del INFONA, a los programas de restauración de bosques protectores de cauces hídricos en ejecución en cada departamento del país

Seguidamente, se dio visto bueno a la iniciativa que solicita informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), sobre titulación de terrenos de áreas de vida silvestre protegidas del dominio público del Estado”

Mediante la propuesta se exige indicar las áreas silvestres protegidas de dominio público que se encuentran tituladas y registradas a nombre del Estado, y de aquellas que aún no han sido tituladas y registradas, detallando los motivos.

Por otra parte, también fueron aprobados dos proyectos que solicitan informes al MADES, el primero, sobre la aplicación del artículo 41 de la Ley N° 1863/02 “Que establece el Estatuto Agrario”; y el segundo, sobre las tierras de dominio público del Estado que se encuentran dentro de la Reserva de Refugio de Vida Silvestre Yabebyry, situada en el departamento de Misiones.

Se establece un plazo de 15 días para que las mencionadas instituciones remitan los documentos a la Cámara de Diputados.

Romper la lógica de años de un manejo discrecional de los fondos de Itaipú es lo que plantea el proceso que pretende implementar Santiago Peña en la entidad binacional.

Para que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento al destino de cada billete, se dispondrá de un sistema de rendición de cuentas, en donde la gente sabrá en qué se invierten los recursos, en la medida en que se aprueban los proyectos.

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“Los proyectos los aprueba el consejo, los miembros del consejo son los ministros, cada proyecto que se vaya aprobando, nosotros iremos informando. Se va a hacer esta ruta, se va a construir este hospital, etc.”, explicó Peña, en una entrevista con Telefuturo.

El presidente también reveló que se está analizando la posibilidad de un fondo fiduciario como lo implementa Brasil con Caixa y, a través de esta institución, va ejecutando los recursos.

Sin embargo, Peña aclaró que no se trata de una decisión tomada, pues, tampoco se pretende sumar burocracia y gastos a las gestiones que se necesitarán hacer. “A veces, en la ejecución de los programas se gasta más que en los programas en sí”, admitió.

Al margen de lo que se resuelva al respecto, la plataforma de transparencia será una realidad y permitirá dar seguimiento el uso del dinero.

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El agente fiscal Juan Ramón Olmedo, de la Unidad Zonal de San Pedro de Ycuamandyyú, representó al Ministerio Público en el juicio que derivó en la condena de un hombre a 20 años de pena carcelaria, tras ser hallado culpable de abuso sexual en niños. 

 Los antecedentes de la causa refieren que en fecha 15 de mayo de 2022, en la localidad de Isla Sola, distrito de Nueva Germania, el hoy condenado cometió el hecho resultando víctima una niña que entonces contaba con 3 años de edad.

Considerando todos los elementos probatorios producidos en ocasión del juicio, el Tribunal de Sentencia presidido por Guido C. Marecos y conformado por Rodney R. Rejalaga y Norma Mabel Fleitas emitió la condena de 20 años de pena privativa de libertad.